El obispo de Apatzingán

Noviembre 10, 2013

La carta que el 15 de octubre escribió el obispo de Apatzingán, don Miguel Patiño Velásquez, describiendo el estado de violencia e inseguridad que reina en la región de Tierra Caliente, más que denuncia, fue una llana y candente descripción de hechos. La reacción del crimen organizado fue mandar cinco amenazas al párroco de la Catedral, el padre Salvador González, incluyendo una directa para el obispo.

El padre González amplía la información. La carta diocesana no es la primera publicada por monseñor Patiño. Desde 1995 a 2012, las ha escrito como respuesta a cinco asesinatos de sacerdotes de su diócesis, como el padre Víctor Manuel Diosdado, cuya labor pastoral provocó el encono del narcotráfico, que le costó la vida. “Quisieron darle una calentadita… se les pasó la mano y lo mataron”.

Ante la reserva que el obispo Patiño guarda respecto a este tema, negándose a pedir protección policial, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Eugenio Lira Rugarcía, enfatiza que la Iglesia católica respalda plenamente sus denuncias contra los abusos, inseguridad y violencia que permea en el estado de Michoacán.

El secretario del CEM se queda corto. El papa Francisco acaba de declarar que la Iglesia está comprometida a luchar contra las formas modernas de esclavitud como la trata de personas, la prostitución, el tráfico de órganos y el narcotráfico, que afectan a millones de personas en todo el mundo. La Academia Pontificia de las Ciencias calcula que en diez años el tráfico de personas rebasará al del contrabando de drogas y armas.

Apatzingán presenta el caso más agudo del cáncer del narcotráfico. Allí llegan desde los cultivos locales la droga y, desde la costa, los precursores para los laboratorios sembrados por toda la región que producen drogas sintéticas, y que sirven de refugio de los grupos criminales.

El obispo Patiño no habla de las amenazas de que es objeto, sino del acoso que mantiene a la población en un estado de pánico con el aumento de levantones, asesinatos, secuestros y extorsiones. El asunto michoacano va más allá de ser un Estado fallido que menciona el jerarca, cuyas declaraciones las avala el gobernador Fausto Vallejo, quien señala que esta realidad no se puede soslayar.

Desde hace más de un año la diócesis de Apatzingán lleva un registro “privado” que envía al Vaticano, donde menciona los hechos de violencia que no cesan. La muerte de sacerdotes en México es distinta, si se quiere, pero igualmente fatídica que las persecuciones que sufren por motivos religiosos en Asia o África. La Iglesia está informada con datos que recibe de México y de otras partes del mundo.

El gobierno federal tuvo que poner al Puerto Lázaro Cárdenas bajo control militar, antes de que estalle la violenta lucha por ese punto estratégico entre los grupos criminales como La Familia Michoacana, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y la Nueva Generación.

Habíamos escuchado por todos los medios la acusación al gobierno de Calderón de que su guerra contra el narcotráfico ensangrentó al país. Hoy, a un año del gobierno de Peña Nieto, las estadísticas son más dramáticas que las que se dieron en la administración pasada. La acción militar “temporal” sigue indispensable. La Gendarmería Nacional sigue aplazada sine díe.

Hace bien el gobierno en intentar soslayar estas realidades insistiendo en las virtudes del país para atraer inversiones. Es inútil, sin embargo, tratar de hacer a un lado la triste realidad de que el narcotráfico se ha apoderado de una parte del territorio nacional.

El clero, las órdenes religiosas y las organizaciones eclesiásticas son aliados en la lucha cada vez más intensa contra el crimen organizado. La acción militar podrá ser imprescindible y ahora, más que nunca, urgente, pero la labor de solidaridad y de amparo que la Iglesia ofrece al pueblo sano, aun exponiéndose a toda clase de riesgos mortales, es hoy, más que nunca, imprescindible.

*Consultor

juliofelipefaesler@yahoo.com

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